"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

8.6.- INVENTARIOS DE BIENES DE FRAILES

La primera tentativa de Inventarios del clero regular la llevaron a cabo los Alcaldes constitucionales durante el verano de 1835. Para ello, los alcaldes podían servirse de los amillaramientos y libros de reparto de la contribución independientemente de las facilidades dadas por los conventos a la hora de ofrecer la relación y estado de cuentas de sus bienes. A partir de septiembre de ese año la misión recaería en las oficinas de Amortización de cada provincia y de las dificultades para ser exhaustivos en su labor hemos dado cuenta en el apartado anterior.

No hemos hallado noticias que pongan de relieve una especial dificultad de las oficinas para realizar los catálogos de fincas rústicas y urbanas del clero regular masculino. Con respecto a los inventarios de enseres, efectos y demás existencias de los conventos contamos únicamente con las relaciones de los pertenecientes a la ciudad de Zaragoza. Se trata de unas relaciones detalladísimas en las que el Contador y Comisionado de Amortización levantan acta de todo objeto y producto que han hallado, por muy nimio, viejo o inútil que sea, en cada dependencia del convento.

Del análisis pormenorizado de estas relaciones podría derivarse quizá un mejor conocimiento de las condiciones de vida y ocupaciones de los frailes de la capital. Los relatores (el comisionado principal D.José Lacruz y el contador D.Baltasar Pallete y Ochoa) llegan en ocasiones a ofrecer los tamaños, títulos e idioma de muchos de los libros que encuentran; tamaños y temática de los cuadros; calidad y estado de todos los utensilios y muebles, y llegando, incluso, a dar los números de las cédulas de papel de la deuda (la mayoría de 1824) que aparecen en algunos colegios o conventos. Estos inventarios llevan en su mayor parte fecha de 31-12-36 y el resto de los primeros meses de 1837.

Una vez realizados los inventarios de los edificios conventuales, lo normal fué que los vasos sagrados y ornamentos se entregaran para el culto al Gobernador eclesiástico. Las alhajas y campanas se ponían a disposición de la Junta de Enagenación para su venta o uso militar. Los cuadros y objetos artísticos se depositaban en algún local a cargo de la Comisión Artística. De las existencias en papel, áridos y líquidos se hacían cargo las oficinas de hacienda y los demás efectos eran almacenados en depósitos a la espera de su uso para fines de utilidad pública o de ser solicitada su enajenación.

Estos inventarios aparecieron publicados, para interesar a probables compradores y orientar a posibles denunciantes de objetos que faltaran en las relaciones, en el Boletín Oficial de la Provincia. Los suplementos con las relaciones de los efectos de todos los conventos y colegios masculinos de la capital aparecieron a mediados de 1837: 17 y 24 de junio; 4, 11, 15 y 22 de julio; 5 y 8 de agosto. [12]

Un poco antes de estas fechas había llegado a Zaragoza la circular de 8-5-37 por la que se comunicaba "la urgencia con que esas Oficinas de Arbitrios de Amortización deben facilitar a dichas Juntas Provinciales los datos y noticias ...para que el Gobierno de S.M. pueda comprender y presentar a las Cortes en su memoria la parte relativa al ramo de edificios y efectos de los conventos" [13]

Las oficinas no sólo proporcionaron en este caso los datos sobre edificios y enseres sino que cederían igualmente en estas fechas la administración de todos los edificios conventuales de comunidades suprimidas a la Junta Provincial de Enajenación. De la gestión y actuación de esta Junta en la provincia de Zaragoza nos ocupamos más tarde en el apartado correspondiente.

Dado que sólo hemos encontrado inventarios de los bienes inmuebles de algún convento o colegio y que no existía garantía de que estuvieran completos (los escasos hallazgos en el archivo de Hacienda parecían notas sueltas y borradores), el inventario completo de los bienes del clero, tanto rústicos como urbanos, vendrá dado aproximadamente, por la suma de todo lo que se les vendió y de lo que quedó pendiente de ello en esta etapa y que fue devuelto en 1851. [14]

A partir de 1855 no se contemplaron las excepciones que hubo en tiempos de Espartero, aparte de que hubo muchas fincas que no dio tiempo a enajenar. De ese modo, en la época de Madoz se sacaron a subasta varios miles de fincas del clero secular. En consecuencia, un inventario más exacto de los bienes inmuebles vendría dado por lo que se vendió en ambas desamortizaciones más lo que quedó pendiente en esta última. De todas formas, una buena proporción de bienes del clero secular no debió siquiera ser anunciada en venta, pues acogiéndose a la ley derivada del Concordato se consiguió que bastantes propiedades fueran exceptuadas de la permuta, pero este es un dato del que no nos consta que se haya ocupado ningún estudioso.

Con respecto a Zaragoza, si bien no existen estudios para el conjunto provincial, sí disponemos sin embargo, de dos excelentes trabajos que sirven de base para el conocimiento de las propiedades de la Iglesia en el término de la ciudad de Zaragoza.

Nos referimos, en primer lugar, al libro de PEIRO (1988), fruto de una exhaustiva explotación del Catastro de Zaragoza (1768-1848), de los libros del Registro de Hipotecas (1768-1856) y de otras muchas series que le han permitido seguir la evolución de la distribución de toda la propiedad y la explotación de la tierra durante casi un siglo (incluyendo lo desamortizado hasta 1845). Y en segundo lugar, al trabajo de ATIENZA (1989) que se ocupa de la propiedad, rentas y explotación de la tierra del clero regular zaragozano a partir del libro Cabreo de sus propiedades a principios del XIX localizado en la Sección de Clero del AHN.

A partir de septiembre de 1835 el comisionado principal de la provincia D. José Lacruz y sus subalternos se fueron haciendo cargo de los Inventarios y los bienes cuya ocupación inicial se había encomendado a los alcaldes de la provincia. Su primera tarea sería tomar posesión no sólo de los edificios de los conventos y sus pertenencias, sino de la cosecha de ese año en las fincas de explotación directa y de las rentas en especie recogidas o que se hallaban pendientes de entrega en las restantes.

Tanto en un caso como en otro existen testimonios de que a pesar de lo argumentado por la Junta Revolucionaria de Zaragoza en su Exposición a la Reina gobernadora de 11-8-35 (según la cual la ausencia de normativa satisfactoria era la causante de los atentados contra la propiedad), el robo y el saqueo fue una práctica habitual durante los primeros meses de la supresión. Veámoslo en palabras del comisionado al intendente de Zaragoza en 16-10-35: [15]

"Entre los diez y siete conventos suprimidos dentro de los muros de esta capital, son muy pocos los que dejan de estar ocupados por pequeñas partidas y algunos depósitos de varios Regimientos del Ejército, que además de impedir que estos edificios se destinen a otros diferentes usos que pudiera ser necesario o conveniente, se originan de ello algunos perjuicios ya en las fábricas de los edificios, ya también en los muebles que, habiendo pertenecido a las Comunidades suprimidas, se hallan depositados en los mismos conventos, aunque colocados y cerrados por sus respectivos administradores en diferentes recintos, la continua permanencia de los individuos de dichas partidas, es causa de que algunos de ellos, movidos de la curiosidad o de otras ideas, se propasan a querer saber lo que se contiene en un cuarto cerrado, y lo consiguen, quebrantando las puertas y cerraduras, resultando que puestos a la vista de aquellos efectos sustraen unos, e inutilizan otros, y destinan otros a su propio servicio, como acaba de suceder en los conventos de S.Francisco, S.ldefonso y S.Pedro Nolasco, según parte que han dado sus administradores.

Para evitar pues todos estos inconveniente y conciliar la seguridad de los efectos que se conservan en los edificios de los conventos suprimidos, y la de los aprestos militares, serían de opinión estas oficinas que se destinase para depósito general de los almacenes de los Cuerpos del Ejército, y cuartel de las partidas sueltas de su custodia, un edificio de los que ofrezcan más proporción por su capacidad y pudiera ser el de Santo Domingo o el de S.Agustín, siendo preferible este último a causa de ser el único capaz que no tiene huerta dentro de él, en que pudiera causarse daño por algún malintencionado, circunstancia que deben tener presente estas Oficinas para no proporcionar a los colonos del Establecimiento causas de perjuicio, cuando las deben evitar".

Y como muestra de lo acaecido fuera de la capital valga la nota que acompañaba a la relación de los conventos de Calatayud, Gotor, Aranda, Ariza, Ateca y Monasterio de Piedra que envió el comisionado de Calatayud, Antonio Figueras, el 4-9-35: [16]

"Obra en mi poder un Libro de Caja en que constan todos los bienes y rentas que posehen dichos conventos, tanto que pagan de los Predios rústicos y urbanos, y días de sus vencimientos, y valiéndose de estas noticias no puede haber ocultación ninguna, al tiempo de formarse los inventarios; pero no puedo menos de hacer presente a la Comisión que a excepción del Monasterio de Piedra que me consta conserva todos los frutos y efectos en su poder, todos los demás es al contrario, que antes de dar principio a los Inventarios, han extrahido y vendido todos los granos, frutos y efectos pertenecientes a la Real Hacienda y se está en el caso de reclamarlos, bien de la Comunidad o bien de los compradores, pues solo pueden disponer de lo que en particular cada Religioso tenga en su celda"

De este escrito se desprende que los conventos de Calatayud, que se mantenían en su mayor parte por el decreto de 25-7-35, debieron abandonarse el 20-8-35, al recibir órdenes de la Junta revolucionaria de Zaragoza tal como dice Revuelta en la nota de la página 344.

Pero lo que se deduce también, es que el lamentable estado en que quedaron muchos conventos tras la supresión, no solo fue obra de la perfidia anticlerical o resultado de la presencia de partidas militares, sino que contribuyeron a ello igualmente los propios religiosos en un último intento de sacar algún provecho de lo que se les desposeía, o en el mejor de los casos y por no atribuirles intereses mundanos, de procurar su custodia en determinadas manos o favorecer y compensar por deudas a algunos beneficiarios con los que tuvieran compromisos adquiridos.

A pesar de estos desórdenes iniciales, parece que los comisionados y luego la Junta lograron, en términos generales, imponer una vigilancia y respeto efectivos a los edificios y bienes declarados de la nación a base de nombrar administradores para todos ellos e incluso guardas para algunos de los que estaban extramuros o en despoblado.

Ese respeto o miedo a los robos parece que disminuía tan pronto como alguno de los edificios se subastaba en venta. Prueba de ello sería la solicitud de Santos Sanz, hacendado y del comercio de Calatayud, dirigida a la Junta de Enagenación el 9-11-40 y en la que el interesado expone: [17]

"Que habiendo sacado a pública subasta el combento de Dominicos de Calatayud quedó rematado a su favor según resulta del expediente formado al efecto, sin que reste otra cosa para tomar posesión que venga aprobada por la Superioridad dicha subasta... mas en el entretanto, como fue un acto público y ha llegado a noticia de todos lo consideran como un edificio ya que no pertenece a la Nación y en este concepto algunas personas se creen con derecho a destrozarlo sin que el exponente pueda impedirlo por no creerse autorizado para ello: además ha llegado a su noticia que Aquel Ayuntamiento lo ha destinado para cuartel como si fuera edificio público y de su pertenencia: en este estado y siendo justo que por parte de V.S. se tomen las disposiciones capaces de evitar tales abusos y aún la ruina de una parte de él que ya se halla amenazada. A V.S. suplica se mande al Administrador de Bienes Nacionales entregue al suplicante las llaves del expresado combento, mediante el correspondiente inventario..."

No mucho antes, el presidente de la Junta había autorizado en 17-9-40, por razones similares, la entrega de llaves a Silvestre Gaspar, de Calatayud, que se lo había solicitado en el oficio de 5-9-40 dirigido al Intendente, ya que...

"subastado a su favor por más de la tasación el solar de S.Francisco de Daroca parece muy conforme (sin embargo de estar pendiente la aprobación) se le entreguen las llaves, a fin de conserbar los materiales, objeto muy integrante de su valor, que ba disminuyendo, por la extracción de aquellos, que no han sido bastante a contener amonestaciones las más serias: El Exponente ofrece garantizar la conserbación de dichos efectos del modo que V.S. tenga por conbeniente para el inesperado caso de ser desaprobado el remate".

Pero, prescindiendo de ocasionales incidentes de robos y destrozos en los edificios, que dieron ocasión a repetidas intervenciones de la Junta provincial de enagenación, no hemos hallado testimonios que pongan de relieve especiales dificultades de las oficinas de amortización para llevar a cabo la identificación y toma de posesión de las fincas rústicas.

La tarea verdaderamente importante estribaba en averiguar sus rentas de todo tipo (a través de inventarios y registros) cuya percepción correspondía ahora a la nación y establecer los correspondientes títulos de propiedad (tarea que entrañaba una mayor dificultad). Sólo tenemos información muy fragmentaria de lo primero, pero dado que en los anuncios de Zaragoza aparece especificado desde el primer momento el valor de la renta o el de la capitalización, ello hace suponer que se dispuso de esos libros.

*** notas

12.- Aparecen insertos en los números respectivos de la colección de la Hemeroteca municipal.

13.- AHPZ, SH, caja 1045

14.- Quedarán fuera de nuestro análisis, por lo tanto, los bienes que algunos conventos poseyeran fuera de la provincia. ORTEGA (1982), por ejemplo, se ocupó de importantes propiedades del monasterio de Veruela en Soria.

15.- AHPZ, SH, caja 749

16.- ADPZ, legajo IX-569

17.- AHPZ, SH, caja 756 y también en el Libro 97 que contiene las Actas de la Junta de Enajenación.