"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

3.1.- DIFICULTAD PARA CATEGORIZAR A LOS COMPRADORES

No cabe duda que cualquier aproximación a la valoración del significado y trascendencia del fenómeno desamortizador pasa por el conocimiento de quienes fueron tanto los beneficiarios como los perjudicados en la operación. Con respecto a los perdedores es evidente que los primitivos propietarios fueron los mayores perjudicados. Y dentro de este apartado cabría incluir igualmente a los que tocó sufrir las consecuencias de los hechos tal como sucedieron. Es posible que muchos cultivadores no pudieran renovar sus contratos de arrendamiento en todo o en parte y que tanto las rentas agrícolas como las urbanas se aumentaran.

Particularmente estas últimas que fueron liberalizadas por la Ley de 9 de abril de 1842. Según BAHAMONDE (1978,p.28), la ley dejaba en total libertad a los propietarios de fincas urbanas para fijar los tipos de alquiler y así "quedaba derogado el auto otorgado de 1792 que facultaba a los propietarios para modificar el precio de los alquileres solo cada diez años y previa tasación" [1]

Con respecto a la agravación de la situación de los arrendatarios agrícolas existen más declaraciones de carácter ideológico que pruebas concretas y constituye, por consiguiente, un dominio casi sin explorar. Muchas afirmaciones parten de un supuesto que no parece corresponder a la realidad, es decir, de atribuir a los antiguos propietarios unas muy benignas condiciones de arrendamiento. Otras, por el contrario, se han formulado como resultado de lo obvio: los nuevos propietarios querían sacar el máximo provecho tanto a nivel individual como en defensa de sus intereses de clase.

De todas formas, en los casos concretos en que los "arrendamientos" no se fijaban por las condiciones de mercado [2] (censos y arrendamientos antiguos de antes de 1800) la legislación garantizaba a los usufructuarios del dominio útil que no hubieran redimido la permanencia de sus rentas ante los que adquirieran el dominio directo en subasta. [3]

Con respecto a los beneficiarios del proceso la situación está mucho más estudiada y es más fácil de conocer. Sin embargo, si bien el manejo de las fuentes ordinarias ligadas al proceso desamortizador (inventarios de bienes, registros de ventas, libros de cuentas corrientes, facturas, expedientes de venta y protocolos notariales) nos informan de los nombres de los compradores, un dato tan simple como el de la vecindad es muy probable que sólo se encuentre en los tres últimos tipos de fuentes.

El conocimiento de los nombres y vecindades apenas faculta para sacar conclusiones de tipo sociológico y en consecuencia se hace necesario recabar otro tipo de fuentes de información que no pertenecen estrictamente al ámbito de la documentación generada por el mecanismo de puesta en venta. Se tratará en general de fuentes que añaden información sobre el "quién es quién" y en este sentido las posibilidades son infinitas.

Asociada a los ministerios de Gobernación y de Gracia y Justicia, la vida política abre un amplio repertorio que va desde las grandes discusiones en los foros nacionales a la actuación más próxima de los Jefes Políticos (Gobernadores provinciales a partir de 1849) e incluye todos los mecanismos de acceso a cargos públicos, la participación electoral o la pertenencia a la milicia nacional, así como un variado repertorio de quejas y peticiones. Sin olvidar por otra parte el rico, intrincado y voluminoso capítulo de pleitos de las Audiencias y contratos privados en las notarías.

Ligada al ministerio de Hacienda y a las haciendas locales de los ayuntamientos aparecen los datos de contribuciones, padrones, catastros, amillaramientos, libros de matrícula y registros de hipotecas que nos informarán sobre la importancia económica de los elementos destacados de cada población. Y por si eso fuera insuficiente queda la consulta a posibles Guías de forasteros, de carácter general, o a documentación específica sobre composición de algunos colegios profesionales, listas de los accionistas del ferrocarril o de un banco, o de miembros del consejo de administración de una determinada compañía financiera o mercantil.

No tiene sentido intentar acotar el tipo de documentación que puede ser útil en un momento determinado, sin embargo, a partir de algunos de los trabajos que nos parecen más significativos, vamos a hacer una revisión de los indicadores que más frecuentemente se han empleado para la categorización y adscripción de los compradores a una determinada clase social.

Y lo vamos a llevar a cabo con una doble finalidad. En primer lugar, para intentar justificar las decisiones que nosotros hemos adoptado al respecto, y en segundo, por el posible interés metodológico que aún puedan tener a estas alturas, cuando nos hallamos en las postrimerías de la época de estudios sobre la desamortización de Mendizábal. Para ello nos vamos a servir en gran parte del esquema conceptual que nos parece más fundamentado, el que comparten los trabajos asociados a la "escuela de Valladolid" (RUEDA,1980; DIEZ ESPINOSA,1986 y CASTRILLEJO,1987)

*** notas

1.- Bahamonde en la página 29 cita la "Guía del Comercio" de unos meses después con la valoración de que "Los alquileres se han duplicado por lo general o son a lo menos hoy una tercera parte mayores que hace unos cuantos meses".

2.- BERNAL (1979) refleja el cambio de esas condiciones, al ocuparse de los arrendamiento de las tierras de señorío, que estaban en función de coyunturas económicas favorables o desfavorables asociadas a las fluctuaciones de precios.

3.- MORO (1981,p.235-6) ofrece incluso un ejemplo de escritura notarial de préstamo en la que un llevador que redime con dinero adelantado por otro le trasmite a éste todos sus derechos a cambio de proseguir en la "llevanza de la casería por sus vidas sin pagar más renta que la que hasta aquí han satisfecho".