"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

9.7.- ROBOS Y DESTRUCCIONES POR CAUSA DE LA GUERRA

Al ocuparnos de las campanas y de los objetos de los conventos, hemos reflejado el estado de inseguridad en algunas zonas de la provincia o el lamentable estado de conservación en que se encontraban algunos objetos de aquella procedencia. Sin entrar propiamente en el capítulo de derribos y demoliciones, del que nos ocupamos en el apartado de las cesiones al Ejército y en el de las relaciones con la Junta Superior, nos hacemos eco a continuación un repertorio de noticias, que por encima del nivel de lo anecdótico, nos ayudarán a enriquecer la panorámica general que venimos reflejando, sobre cuál era la situación en la que se hallaron los conventos tras su supresión.

Como sabemos, la Junta tenía obligación de velar por el cuidado de los conventos a su cargo. Todos los bienes tenían que estar debidamente inventariados y si todo ello no se cumplía con exactitud, exigía responsabilidades de los subalternos y administradores, como es el caso del oficio dirigido el 23-11-37 al subalterno de Alagón, solicitando razón de porqué estaba incompleto el inventario de los Agustinos de aquella localidad.

Las Cinco Villas fue la zona donde se registraron mayor número de incidencias en lo que a conservación de edificios se refiere. El 29-9-37, el subalterno informa que se ha desplomado una porción del claustro de San Francisco, de Ejea de los Caballeros y pide instrucciones para proceder a su venta o reparación. Dos meses más tarde vuelve a enviar un oficio en los mismos términos y por fin, en diciembre, se sacan a subasta los materiales, una vez tasados en 400r. Una vez más, las posturas no cubrieron el valor solicitado, por lo que terminó adjudicándose el 30-8-38 a Don Juan Berni los materiales y el claustro de los Franciscanos por un total de 200r.

Dos años después, el 9-6-39, la Junta se ve obligada a recriminar al subalterno porque ha llegado a sus oídos que se están extrayendo materiales de los franciscos de Ejea, "siendo muy extraño no haber recibido parte alguno."

El mismo subalterno de Ejea informa el 23-9-39 sobre los desórdenes cometidos en los Carmelitas de Sos, de donde se han extraído materiales y se comunica al alcalde que cele por la conservación del edificio. No habrían de quedar estos hechos en la impunidad, porque el 6-10-40, el subalterno da parte del robo de varios efectos de los Carmelitas, sobre cuyo suceso se ha formado causa y con esta fecha la Junta dispone que el subalterno esté a la vista para remitir testimonio cuando se halle en estado de hacerlo y "que custodiando las llaves del edificio, cuide de él bajo su responsabilidad, sin dar lugar a que se cometan excesos que ha debido precaver, manifestando a esta Junta los medios de remediarlos con tiempo."

En un caso parecido, y curioso, de formación de causa por destrucciones se vio envuelto el Ayuntamiento de Sádaba. Con fecha 23-7-39 el Ayuntamiento pide a la Junta que se retire al Juez de Primera Instancia de Sos y a su escriban de la Comisión que se ocupa de la destrucción del suprimido convento de Carmelitas, ya que por hacer algunas pesquisas sobre los hechos, le han pasado 500r de dietas y la corporación no puede afrontar esos gastos. El 3 de agosto vuelve a solicitar el Ayuntamiento que cese el juez en su comisión, por causar perjuicio al pueblo, y, efectivamente lo consigue porque en ese mismo día se tienen noticias de que el juez ha enviado su expediente a Amortización pra que la subdelegación de ventas lo continúe.

Algunos conventos situados en despoblado, eran de difícil conservación, mientras no se procediera a su venta., Ese es el caso del convento de los franciscos de Monlora, situado entre Erla y Ejea. Para atender a su cuidado, el 23-2-38 se permitió a Lucas Riglos, vecino de Luna, que habitara en él. El 20-3-39 se oficia al administrador para que "cuide más de los intereses que la Nación ha puesto bajo su cuidado", porque se tienen noticias de que Riglos se está aprovechando de varios efectos que podrían venderse.

El 6-10-40, el subalterno de Cinco Villas manifiesta el abandono en que se hallan los enseres de Monlora "por haber trasladado su domicilio a Ejea D.Lucas Riglos, a cuyo cargo corría la conservación del edificio y no haber otra persona que quiera tomar esta comisión". Solicita el subalterno que se le permita vender esos efectos y una puerta que existe sin destino en el de Capuchinos de Ejea. La Junta le comunica que venda la puerta y que con ello atienda a la "traslación de los libros de Ejea, la cual deberá ejecutar con la economía posible."

En marzo de 1839, el subalterno de Calatayud informa que su encargado de Gotor "ha encontrado algunos boquetes abiertos en el edificio de Dominicos de aquella villa y echado de menos algunos muebles" y el subalterno de Borja comunica que si no se repara el convento de los franciscos, "está expuesto a demolerse una gran parte de él". Al primero se le ordena cerrar los boquetes y vender los efectos que queden y al segundo, que haga el presupuesto de reparación. El 26 de abril se aprueban las obras, que ascienden a 6.625r y se le encarece a que las haga con el menor gasto posible.

Otra noticia de desperfectos en los edificios llega de Calatayud el 29-12-37. EL comisionado subalterno informa que se ha partido un puente que sostenía parte del tejado del edificio del Monasterio de Piedra, ha entrado agua y ha habido deterioros, disponiendo la Junta que se haga un presupuesto en obras.

En julio de 1838 el Comisionado de Daroca informa que no se presentó licitador a la venta de materiales y puertas procedentes del convento de la Trinidad, de aquella villa. A su vez, el de Tarazona informa que se han llevado la cerraja y han deshecho la puerta de una ermita pequeña llamada de San Pedro, que perteneció al Monasterio de Veruela. Que habiendo acudido allí con el alcalde de Vera de Moncayo, que debía buscar a los culpables y, "observando servía de cuadra", había dispuesto "quitar el retablo del altar existente en aquella", el cual depositó en dicho Monasterio.

El de Tarazona recomendaba , además, "intentar la venta de los despojos de dicha ermita, fundándose en que se halla en despoblado y que poco a poco arrebatarán las tejas y madera de que se compone". A fines de agosto la ermita ha sido tasada por Sebastián y Pedro Pérez, vecinos de Borja y se dispone que se subaste en Tarazona.

Del año 1837 contamos con algunas noticias que aluden específicamente a hechos en los que se ven implicados los carlistas. De esa forma, en el mes de agosto el subalterno de Alcañiz hace llegar a la Junta varias comunicaciones. Por una de ellas informa sobre los inconvenientes que hay para trasladar los efectos desde el Monasterio de la Trapa hasta la villa de Caspe. En otra se informa que por hallarse este monasterio en "pueblo y país inundado de rebeldes" han sido robados cuantos efectos había, menos los que él señala en una nota.

Ante esta situación la Junta le responde que levante expediente ante el alcalde recibiendo información, concitando y pidiendo audiencia del síndico, para justificar el robo y que los objetos restantes los venda en pública subasta. La Junta decide enviar también un oficio a la Junta de Teruel, informando sobre estos hechos, pues un grupo de 20 ó 30 facciosos habían roto las puertas del convento del desierto de Calanda y se habían llevado varios efectos allí existentes. A pesar de las disposiciones adoptadas para evitar futuros robos, el 10-11-37 vuelve a llegar un oficio del Ayuntamiento de Caspe, manifestando que no se atreven a pasar al Monasterio de la Trapa, a recoger y vender las maderas del edificio, por miedo a los facciosos.

En el apartado de cesiones al Ejército, que veremos después, abundan las noticias sobre el estado de algunos edificios de conventos. Aquí quisiéramos dar tan sólo una noticia de lo acaecido en el Monasterio de Rueda, en la que se describen comportamientos similares a los descritos para muchos conventos de la capital. El 27-1-38, el administrador del Monasterio, informa de los perjuicios que ocasionan en el mismo, y en la arboleda, los Nacionales de Escatrón. La Junta oficia al Ayuntamiento para que informe "sin perjuicio de excitar su celo, para que procure evitar por cuantos medios le sea posible, los excesos que se cometen en dicho Monasterio".

Se dieron también varios casos de robo en los conventos administrados por la Junta. Algunos, como el de los Franciscos de Monlora, los carmelitas de Sádaba o el de la Cartuja de la Concepción de Zaragoza, llevaron consigo la tramitación de largos procesos. Muchos de estos robos respondían frecuentemente al estado general de abandono y descuido en que se tenía a algunos conventos, por dejadez de sus administradores que no obtenían apenas ningún beneficio de la tarea encomendada.

A este respecto, resulta muy significativa la comunicación enviada a la Junta, el 10-11-37 por Segundo Díaz, el arquitecto rematante de la demolición del convento del Carmen de Zaragoza que sería finalmente denegada como vimos en el apartado de relaciones con la Junta Superior. A pesar de que este convento se hallaba en la misma capital, Segundo Díaz decía, entre otras cosas, que "sería conveniente que se mandase cerrar la puerta de la algecería, que constantemente está abierta, para evitar que extrajeran los materiales que están a disposición de quien los quiera coger".

Otro capítulo de interés lo forman las noticias sobre robos que fueron denunciados por particulares. Con fecha 6-10-37 "quedó enterada la Junta de la R.O. de 23 del finado, comunicada el 26 del mismo, manifestando que la cuota que debe darse a los denunciadores de pertenencias de conventos suprimidos, ocultas a la Caja de Amortización, es la del 10% del valor líquido de lo que se denuncie y sea prendido".

Por esas fechas la Junta tiene en sus manos la causa "formada en virtud de orden de esta Junta de 27 de febrero de este año, contra Miguel Blasco, por extracción de efectos de los conventos suprimidos" y espera que el informe pase de la Intendencia al Asesor para su dictamen. Varios meses después, Blasco solicita que se abreviara el proceso, pues él era inocente y la acusación iba en su detrimento, máxime teniendo en cuenta que era maestro de obras. El 19-6-38 el interesado vuelve a solicitar que pasen al Juzgado la causa que se formó contra él, pero la Junta no hace sino unir esta nueva instancia con la Causa y pasarla al Asesor de Hacienda, para que se sirva manifestar su dictamen.

Relacionado con lo anterior se halla otro caso de extracción de efectos y que se refiere a los objetos hallados en casa de Mariano Allué, que habían pertenecido al convento de las Capuchinas. La primera vez que aparece mencionado este asunto, es cuando la abadesa y comunidad del suprimido convento, dirigen a la Junta una solicitud pidiendo los muebles que se depositaron en casa de Mariano Allue y que tenían inventariados. Tras informar a Amortización el 30-3-39, se devuelven a la comunidad los que se habían encontrado en la habitación de Blasco y ese mismo día, la Junta dispone que se le abone el 10% prevenido en la R.O. a Tomás Solano, el delator, en virtud de ser él quien ha descubierto los mencionados efectos.

Igualmente significativo es el expediente formado contra Pedro Marín, por haberle encontrado en su casa varias alhajas y efectos de Santo Domingo, hecho del que se da amplia referencia, al ocuparnos del mencionado convento de la capital.

En algún caso las extracciones corrieron a cargo de instituciones a las que se hizo donación o cesión de los conventos. Así, el 29-5-38, se manda un oficio al Capitán General, pues el Cuerpo de Ingenieros ha extraído materiales sin conocimiento de la Junta y por lo tanto espera que se le pase relación de todo lo que se ha extraído, lo invertido en la fortificación y los sobrantes y que en lo sucesivo no se repita "sin perjuicio de que la Junta autorizará o consultará la aprobación de todo lo que pueda necesitar la fortificación en que está interesada esta población y el servicio de la plaza".