"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

7.5.- ACTITUDES Y CONDUCTA POLÍTICA DEL CLERO

Debido a la importancia y amplio asentamiento que tuvieron las fuerzas carlistas en Aragón, sobre todo a partir del progresivo debilitamiento y desaparición del frente navarro, las posibles implicaciones del clero y los exclaustrados en el fomento de actitudes de rechazo al gobierno liberal constituye un tema que no ha recibido atención hasta muy recientemente.

A modo de conclusión general ASÍN (1983) defiende la escasa participación del clero bajo en los conflictos sociales provocados por la guerra en Aragón, porque su posición "fue la de no inmiscuirse en la lucha política", pero como él mismo matiza "La realidad es que, a pesar de las dificultades, los curas en su mayoría permanecieron en sus parroquias, tanto en el territorio liberal como en el carlista. Otra cosa muy distinta sería decir que no tuvieron una determinada opinión favorable a uno u otro bando" (p.99).

En términos parecidos se expresan CABELLO, SANTA CRUZ y TEMPRADO (1845,p.199-207). Para estos autores, y Cabello había sido un testigo de excepción desde su puesto de gobernador de Teruel, en términos generales...

"el mayor número siguió el partido de la Reina: y aunque no siempre de buena voluntad, y aunque resistiendo pasivamente las órdenes emanadas del Gobierno, devoraron en silencio sus quejas y respetaron las reformas que se decretaron. ¡¡Ojalá pudiéramos decir otro tanto de los frailes!!.../ en su mayoría favorecieron la causa de D.Carlos y ayudaron grandemente los planes sanguinarios de Cabrera. Antes de ser atropellados en Zaragoza, Madrid y Barcelona: cuando apenas habían nacido las facciones, ya se habían descubierto conspiraciones contra Isabell II en Beruela, Piedra y otros conventos: ya habían muerto frailes en Calanda y en Mayals: ya mandaban guerrillas el P.Roger y el P.Garzón.

 Más tarde donde se veía un fraile allí amagaba una calamidad... Como hombres tendrían los curas afecciones por los dos bandos que militaban; pero los liberales como los que no lo eran, predicaban con especial fervor la conveniencia de la paz. De los tres Obispados del alto Aragón, Jaca Huesca y Barbastro, solo se fue a la facción el cura de Viacamp: uno de los de Teruel y Segorbe: dos del de Tarazona: tres del de Albarracín: tres del de Valencia y siete del de Zaragoza"

Aparte de la posible inclinación o preferencia por uno u otro de los bandos en contienda, en Aragón cabe tener en cuenta el agravante y conflicto que supuso para muchas conciencias, sobre todo entre el clero, el destierro del Arzobispo Francés Caballero. Y otro factor que debió influir notablemente en el malestar del clero fue la imposición del préstamo forzoso de 1835 por parte del capitán general D.Antonio María Álvarez a todas las instituciones eclesiásticas de la región.

En el archivo de la Diputación (legajo IX-569) se conservan decenas de solicitudes de rebajas y condonaciones de cantidades. De los 742.900r pedidos, en agosto de 1835 se habían recaudado 284.250 y condonado 35.700 y hay copia de los apremios remitidos en esa fecha "siendo en el día mayores las urgencias públicas, que las que motivaron el pedido" por el Capitán General interino, D.Francisco Ocaña, a la mayor parte de los afectados que o bien no habían pagado o sólo habían satisfecho una parte. El estado de cuentas de esos pagos en 27-8-35, es un documento del máximo interés porque en función de lo que se solicitó a cada institución resulta posible hacerse una idea aproximada de la riqueza que en principio se atribuía, antes de comenzar la desamortización, a cada uno de los conventos y capítulos eclesiásticos de esta Capitanía.

La vigilancia de las autoridades se hizo, pues, necesaria y se extendió al ámbito rural a través de los informes transmitidos por los alcaldes al Jefe político y a las autoridades eclesiásticas. La actividad carlista en la provincia se incrementó en los períodos en que las partidas se multiplicaron, circulando con relativa impunidad por el territorio al sur del Ebro, en especial por los actuales partidos judiciales de Caspe, Belchite y Daroca entre los años 1837 y 1839.

En estos años de frecuentes ataques por sorpresa no sólo en los pueblos sino hasta en la misma ciudad de Zaragoza (entrada de Cabañero el 5 de marzo de 1838), era de absoluta importancia para las autoridades civiles contar con el apoyo de un clero adicto a la causa isabelina. En este sentido hemos recogido y resumimos a continuación, una serie de noticias sobre diferentes intervenciones en las que se ve implicado el clero secular, o secularizado, de la zona entre 1836 y 1841. Proceden del legajo del ADZ ya citado, manejado hacia 1973 y cuya posible referencia actual se ignora. Se trata de una información restringida al ámbito del gobierno de la Diócesis de Zaragoza y por consiguiente ignora los hechos acaecidos en la zona de la provincia correspondientes a la diócesis de Tarazona. [38]

Una vez terminada la contienda tanto las autoridades civiles como eclesiásticas tuvieron que dedicar cierta atención a estudiar el comportamiento de los sacerdotes que habían permanecido en territorio carlista. A este respecto es interesante, y hasta sobrecogedor en su último párrafo, el informe fechado en Alcañiz el 17-5-40 y remitido al Gobernador Eclesiástico por su enviado al Bajo Aragón:

"por las dos circulares de La Rosa [39] , que remito a V.S. resulta que todos los eclesiásticos de este bajo aragón se vieron en la precisión de acudir a sus Sínodos; por lo que cuasi todos se me presentaron con licencias de dicho señor; según lo que V.S. previene en su despacho deben todos mandarse a ésa: esto me parece demasiado rigor, constándome además que la mayor parte son entes insignificantes. En este supuesto espero me diga V.S.si puede haber alguna indulgencia con éstos, que a decir verdad dieron este paso por no morir de hambre [40].

Remito a V.S. el certificado de D.Marcelino Gil, capellán de Bosque, cuya firma original reconoció el dicho, y pasará luego a ésa. También la copia de la carta que desde Castellote escribió el Sr.Micolao, éste resulta el peor de todos. Según me han dicho, marchó ya para ésa. Este tiene mucha hipocresía, mucho influjo, y mucho oro... [41]

El clero de este país en su inmensa mayoría ignorante y perverso, y sus doctrinas erróneas y antievangélicas. Yo creo que a muchos antes de concederles las licencias se les debía examinar"

Esta inspección de mayo de 1840 significa la vuelta a la normalidad en una zona de intenso conflicto bélico. Durante los años anteriores la concesión de licencias para confesar y predicar había sido controlada por el gobierno civil y denunciada por alcaldes y jueces de primera instancia en caso de no poseerlos o de que se produjeran irregularidades o sospechas durante su ejercicio.

La autoridad civil tenía que dotar de pasaporte cualquier tipo de desplazamiento y son numerosas las licencias de este clase. Entre ellas destacan las concedidas el 26-12-38 a Jacobo Rodrigo Ballobriga, tesorero de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza que pide trasladarse a Francia por un año y la de 18-5-41 a Manuel Artigas, beneficiado de Blesa, que quiere hacerlo igualmente a Francia de conformidad con la ley de 11-4-41, art.7º.

Con objeto de presentar el variado repertorio de noticias que pueden ilustrarnos sobre la problemática de las relaciones de la autoridad civil con la eclesiástica las hemos agrupado en distintos apartados:

a) Casos de implicación directa:

El recién mencionado José Micolau, cura de Los Olmos, debió abandonar Ceuta y reintegrarse a territorio carlista. El 18-10-36 la sala 1ª de la Audiencia de Zaragoza había dictado sentencia contra él por causa formada en Alcañiz por incitador a la rebelión y perseguidor de adictos al gobierno. Se le condenó a 8 años de confinamiento en los hospitales de Ceuta.

En 6-11-36 se inicia una causa contra Joaquín Millán, ex-capuchino y faccioso, preso en Calanda, y al que se acusa además de "seductor de los soldados de la guarnición para que se pasen a las filas de la rebelión". Cuatro años después (20-4-40), Millán es uno de los cuatro eclesiásticos presos (junto a Luis Celorrio, Gregorio Isar y Romualdo Martínez) depositados en el Correccional de Zaragoza (en el ex-convento de Santo Domingo y en el Canal) que solicitan autorización para poder celebrar. De 12-8-40 es una petición de la familia de Benito Marquina, preso en Teruel, para que sea entregado a la autoridad eclesiástica.

El Jefe Político de Teruel D.Francisco Cabello informa en dos ocasiones de huidos a la guerrilla. El 9-6-37 comunica al Gobierno eclesiástico que Antonio López, presbítero residente en Burbáguena había sido privado de licencia de confesar y predicar, por desafecto y que se le había confinado a Figueruelas, pero un mes más tarde, el 21-7-37, se había ido a la partida y "capitanea una cuadrilla de bandidos". En la misma fecha informa de que Cristobal Lorente, párroco de Villar del Saz también ha huido "y después de estar en Cantavieja, manda una partida de forajidos".

Con fecha 19-10-37 se piden informes del cura de Plasencia de Jalón, José Gavás, pues ha huido abandonando a la feligresía, aunque no nos consta que se incorporase al bando carlista.

b) Seminarios de Zaragoza.

Una vez suprimidos los conventos masculinos no resulta extraño comprobar que el gobierno tuviera interés en vigilar las únicas corporaciones de sacerdotes existentes. Con respecto a los Escolapios de Zaragoza el jefe político se dirige al Superior el 8-10-37 comunicándole que "Subsistiendo por ahora los establecimientos de Escolapios, procurará Ud. como Superior de ese no se haga variación en la enseñanza pública; que los sacerdotes de la casa conserven las buenas costumbres y moral propias de su estado, retirándose al anochecer"

Sin embargo, con respecto a los componentes de los seminarios la situación fue muy distinta. En primer lugar el gobernador civil solicita al eclesiástico el 23-11-37 que se le mande relación nominal de los componentes del Seminario Conciliar con informe de su conducta política y moral. El 22-1-38 el gobernador dispone que se prevenga a los directores de los seminarios que "prohiban la entrada en los mismos de personas sospechosas que lo verifican, según se me ha insinuado"

El mismo día 22-1-38 se pide al gobernador eclesiástico que corrija la conducta de D.Fermín Gimeno (Director del Seminario) y D.Mariano Antorán (profesor del mismo) y se les priva de confesar y predicar pues como confesores de monjas "extravían la opinión de las mismas produciendo su desafección al actual sistema y aún haciendo que desconozcan la autoridad de Vds.". Un mes después (28-2-38) se les levantó a ambos la sanción pues habían comunicado al jefe político su voluntad de enmendarse en lo sucesivo.

Pero no fueron esos los únicos sujetos encausados porque con fecha 13-3-38 el gobierno civil comunica al eclesiástico que ha dispuesto que en el plazo de un día "salgan a distintos puntos que se designarán en los pasaportes" los siguientes profesores del Seminario: Mariano Larrosa, Nicolás Ballesteros, Pascual Rabadán, José Coma y Manuel Martínez. De todos ellos, el de mayor importancia fue Mariano Larrosa (o La Rosa) que pasó a la zona carlista y se convirtió en gobernador eclesiástico de aquella zona. No sabemos el destino de los otros profesores pero no deja de ser revelador que el 13-2-39 se abriera en Castellote un nuevo seminario con el nombre de "Real Seminario Conciliar de San Braulio y San Valero" (nombre del de Zaragoza capital), figurando Larrosa como rector del mismo. [42]

En el mismo mes de 1838, el 18 de marzo, la autoridad civil comunica que se ha privado a D.Manuel Sicilia, Director del Seminario de San Carlos, de la licencia de predicar "sin perjuicio de que se le dé una fuerte corrección". Como resultado de lo expresado en un sermón, el juez de 1ª instancia se la había retirado "para evitar que reincida en la falta que ha cometido".

c) Noticias de confinamientos:

El 9-1-36 se envía a Cuenca al párroco de Almonacid de la Sierra, Tadeo Gómez, por desafecto y se nombra regente al coadjutor. Meses después, el 18-9-36 lo vuelven a confinar en Huesca.

El 4-2-36 se traslada a Quintanar de la Orden (Toledo) al cura de Peñaflor, Antonio Bea. Y de 23-2-41 es la noticia en la que se da cuenta del indulto y alza de su confinamiento.

De fecha 24-3-36 es la orden del gobernador civil D.Ramón Adán para que salgan para diversos municipios de Guadalajara y Cuenca los canónigos Francisco Rafael Sanz, Juan Antonio Castejón y Florencio Subías así como el exclaustrado Faustino Garroberena (Catedrático de Teología de la Universidad). Sanz era el Gobernador Eclesiástico que había nombrado el Arzobispo y el gobierno había rechazado. De Subías sabemos igualmente que en 16-9-36 se hallaba confinado en Tamarite y se le concede autorización para regresar a la capital.

En 9-6-36 Mariano Monreal, cura de Calanda, se halla confinado en Calatorao por desafecto, lo que no impide que siga cobrando parte de las rentas, según comunica el regente que le sustituye en la parroquia.

El 30-6-36 Francisco Marín, cura de Valmadrid, e Ignacio María Villa se hallan pendientes de sentencia "sobre ocupación de correspondencia sospechosa" y al primero se le tiene confinado dos meses en el seminario de San Carlos de Zaragoza, pero el 22-3-37 se oficia al alcalde de Valmadrid para que expida pasaporte a Marín en dirección a Soria, a donde va confinado "por desafección y mala conducta política".

El 15-8-36 se confirma la sentencia de la Audiencia, a instancias del juez de Pina, la multa de 50 ducados y el pase a vigilancia eclesiástica a Pedro Gabás, racionero de Pina, y de 100 ducados a su hermano Fermín.

El 13-9-36 Mariano Franco, párroco de Bardallur y que se halla confinado en Villanueva de Gállego solicita volver a su feligresía por "falta de medios". El gobierno civil tiene constancia de su buena conducta, pero deja la decisión en manos del gobierno eclesiástico.

De Policarpo Olona, cura de Velilla de Ebro, denunciado por el alcalde como desafecto ya que desde el púlpito predicaba contra "la justa causa" se piden informes al gobierno eclesiástico el 7-9-36 y una semana después se le hace salir confinado para Lérida.

Al párroco de Urrea de Jalón, Manuel Clavería, se le levanta el confinamiento el 30-9-36 por motivo de enfermedad y lo favorables que son los informes del Ayuntamiento y de los jefes de la Milicia Nacional. También se le levanta el confinamiento en Cadrete a Francisco Casanova el 3-11-36 y puede trasladarse a la capital "quedando muy seguro de que no abusará de la consideración dispensada".

El 10-12-36 se autoriza a Manuel Castejón, confinado en Valencia, a que pueda volver a casa. En este caso se trata del canónigo que el Cabildo había propuesto como Gobernador eclesiástico ante la ausencia del Arzobispo, y que el gobierno tampoco había aceptado.

El 23-2-37 se autoriza a petición del ayuntamiento y bajo su responsabilidad, a que el Dean de Daroca, que se halla confinado en Paniza, pueda predicar allí la cuaresma.

El gobernador civil de Teruel comunica al eclesiástico de Zaragoza que el 3-9-37 ha mandado confinar al rector de Villafranca del Campo ya que "le hice se me presentase en esta capital, lo que verificó, pero habiéndose insolentado a mi amonestación con expresiones ofensivas a la autoridad de Vds. y a la mía, he dispuesto se dirija a la villa de Mora de Rubielos..." Cinco días después, el propio gobernador confirma que se le ha confinado finalmente en Daroca debido a la presencia de "hordas carlistas" en la zona de Mora.

El 20-9-37 se hace salir para Benicarló a Calixto Martínez, exclaustrado alcantarino residente en Cinco Olivas.

El 28-10-37 se levanta el confinamiento a Juan Navarro, racionero de Villanueva de Huerva, para que pueda volver al pueblo ya que ha salido como fiador suyo D.Francisco Lagunas, Capitán del 2º Batallon de la G.N. de Zaragoza.

Con fecha 9-11-37 el gobierno civil expresa su preocupación porque se haya nombrado a Antonio Traid, ex-prior de los dominicos de Zaragoza, y a pesar de ser desafecto, como confesor de las monjas de Santa Fe. Unos días después se le hace salir confinado para Lechago (Teruel).

El 23-12-37 se le levanta el confinamiento en Plenas a Juan de la Virgen del Pilar, hermano escolapio del Colegio de Barbastro.

De 18-3-38 es la noticia de que el Juez de la Almunia sigue una causa por desafección contra José Roy, exclaustrado, por motivos dados durante su predicación de la cuaresma en esa localidad. A Roy se le suspende la licencia y se pide al gobierno eclesiástico que se le sustituya.

Fechada el 18-9-40 es la comunicación del Gobernador de Menorca en la que comunica que ha expedido pasaporte a Fulgencio Zaporta, cura párroco de Villafranca de Ebro, al que en fecha 19-2-40 le ha cumplido el confinamiento dictado en la sentencia de la Audiencia de Zaragoza de 17-2-35.

Y finalmente, otra noticia de confinamiento es de 2-11-40 y afecta a Blas Castalrenas, cura de Cortes (Navarra). En este caso el párroco ha solicitado volver a su parroquia pero se menciona que a Castalrenas le habían expulsado en 1834 y que existe una exposición previa firmada por el Ayuntamiento, la Milicia nacional y los Mayores contribuyentes solicitando que no volviera a la parroquia "por la conducta política anteriormente observada".

d) Solicitudes de informes:

A pesar de la estrecha y constante colaboración entre las autoridades civil y eclesiástica, no por ello se descuidaba la vigilancia de los casos en que se sospechara la carencia de pasaportes y licencias, o incluso a pesar de tenerlos.

De 24-3-36 son las instrucciones para que se vigile a Blas Lorenzo, carmelita descalzo de Zaragoza y habilitado como residente en La Almolda ya que "se ha manifestado siempre durante su permanencia en esta capital decididamente adicto al carlismo, y que aunque en la fecha se produzca bien en público, indudablemente para sorprender a la autoridad, no será así en el confesionario atendidas sus ideas políticas". 

En otros casos el gobierno civil pide informes sobre eclesiásticos cuya situación desea aclarar:

El 24-3-37 sobre Liborio Palacios, residente de Blesa (Teruel). El 9-10-37 sobre Leopoldo Sierra, canónigo de Zaragoza, y Rafael Peinado, racionero de Pina, pues se le ha informado al Jefe político que están en Séstrica. El 16-10-37 el alcalde de Torrijo comunica que se halla allí sin autorización el racionero del Pilar D.Pedro Melendo.

El 3-11-37 se piden informes sobre la autorización para que varios exclaustrados residan en Montón (Vicente Pérez, Francisco Gutiérrez y Tomás Julián) y en Mesones (Ramón Julián y Pablo Minguillón). A Ramón Julián se le autorizó el 12-12-37 a trasladarse a Zaragoza.

El 20-11-37 se piden informes sobre Dámaso Indiano, ex-prior de San Ildefonso de Zaragoza, pues su conducta es contraria a las actuales instituciones. Y lo mismo sucede el 30-12-37 con respecto al cura de Azuara, Francisco Morata.

e) Actitud de apoyo a la dignidad sacerdotal.

Mencionaremos dos casos curiosos de conflicto con ayuntamientos cuyos expedientes conocemos a través de una inicial y fuerte recriminatoria dirigida por el Jefe político a los respectivos alcaldes afeándoles la conducta observada con sus párrocos y que después terminan por aclararse al proporcionar aquéllos mayores detalles en sus informes.

Al alcalde de Mozota se le acusa en 23-10-37 de haber dicho que "no necesitaban misa, ni curas ni frailes si los tenían que pagar". Lo sucedido lo explica el alcalde: llevaban ya dos meses sin asistencia espiritual y el mismo día que había llegado el cura, creyendo que existirían fondos para su congrua, a las cuatro horas de su permanencia... "desengañado de que el pueblo ya había pagado su diezmo y primicia a quien y como se le tenía mandado... principió a prorrumpir en voces amenazadoras de que se quería regresar a esa ciudad donde tenía su residencia, diciendo lo habían engañado, pues él necesitaba diariamente lo que ganaba para su manutención. Oídas yo estas voces fue cuando yo proferí las expresiones mal dichas que Vd. justamente me reconviene..."

Un conflicto similar se dio en Longares. El 23-10-1837 el Jefe político amonesta al alcalde para que "evitara a todo trance que se repita tan funesto ejemplo y den Uds. y hagan dar el decoro y respeto debido a los eclesiásticos, pues la autoridad de que están conferidos es para proteger según las leyes y no para ultrajar a personas que tienen derechos garantidos por la Nación y se ven reducidos a un estado miserable y hasta vergonzoso. Así toman ocasión los enemigos de nuestras actuales instituciones para desacreditar la mejor de las causas presentándonos como enemigos de la religión"

Se acusaba al ayuntamiento de irrespetuoso con la persona del cura y de haber incitado a los capitulares a la desobediencia de su párroco. El Ayuntamiento de Longares justifica su conducta con la siguiente explicación de los hechos. D.José Bernad, párroco al que no se le había dado licencia para predicar y confesar se había negado, alegando falta de medios ya que no tiene cera, a celebrar la "misa conventual" o misa solemne de las nueve de la mañana del día 12 de octubre "el más señalado que tienen los aragoneses".

Ante ese hecho, el ayuntamiento adopta la decisión de que no se diga la misa de las once hasta que se sepa si habrá o no misa solemne. Un regidor manifiesta que el día anterior se habían dado 78rs al párroco para el culto y para comprar cera y que varias personas han ofrecido velas igualmente para la misa mayor. Se hacen las once de la mañana y el párroco no acude a ninguna llamada y el pueblo espera la misa de forma que el ayuntamiento insinúa a los otros eclesiásticos del cabildo si querían decirla y éstos se hallaron dispuestos a hacerlo. Eso había sido todo.

Un ejemplo expresivo de la triste condición a que se vieron sometidos muchos eclesiásticos desplazados de sus lugares de origen es la comunicación del Intendente de Hacienda D.Pascual de Unceta (en principio ajeno a esta problemática) que se dirige el 17-3-41 al gobierno eclesiástico para que trasladen a su pueblo de Arroned(?) en Guipúzcoa, a Miguel Aguirre, debido "al estado lastimero y miserable... y la ocasión que da su permanencia en esta capital para que los muchachos y aún algunas personas inmorales, aprovechándose de su demencia, escarnezcan y ultrajen a un Ministro de nuestra Religión"

Extraordinario y representativo de la actitud de la autoridad gubernativa es el caso de Joaquín Moros, Beneficiado de Epila, al que se había confinado anteriormente y al que se concede el 26-5-36 el regreso a condición de que mejore su conducta moral que "debe servir siempre de norte a sus vecinos para evitar los efectos de la relajación". En este caso se trata de un sacerdote al que seis años antes ya se le había confinado en otra ocasión en el Seminario por su conducta licenciosa. Pero no es esto lo más significativo, sino que se concede el regreso a pesar de un informe anterior muy negativo de las fuerzas locales (excluido el alcalde que era pariente suyo) según el cual...

"Está marcado por muy contrario a las instituciones que felizmente nos rigen, por lo que los nacionales están dispuestos a darle una paliza, pues atribuyen a su influencia que no se haya aumentado la Milicia. Su vida escandalosa es muy pública... Acaba de casarse una criada suya que ha parido a los pocos días de matrimonio y a pretexto de sacar éste de casa (pues el marido también era su criado) la ha cerrado y ha pasado a vivir a otra en que sigue una escandalosa amistad..."

f) Intervención en la provisión de puestos y vacantes.

Como hemos mencionado repetidas veces a lo largo de este capítulo la situación económica de muchos exclaustrados fue angustiosa debido al retraso e impago de sus pensiones de manera que tanto el gobierno como las juntas eclesiásticas trataron en todo momento de colocar a éstos en puestos que llevaran aneja alguna remuneración. Para los seculares el hallarse desplazados de los lugares de origen de sus rentas tenía idénticas consecuencias por lo que las penas de confinamiento implicaban una dura perspectiva para los sacerdotes sin recursos.

Y ello era así incluso para figuras de cierta relevancia como prueba la solicitud tramitada a través del gobierno civil de Madrid el 12-3-36 por Francisco Mallén, capellán del Infante D.Francisco de Paula, pidiendo una certificación de su buena conducta durante los tres años de confinamiento en Zaragoza bajo la vigilancia de D.Bernardo Francés, en "tiempos del despotismo" y en los que se había visto "en la dura necesidad de mendigar para su preciso sustento".

En estas críticas circunstancias no habrá que sorprenderse pues del hallazgo de testimonios que demuestren diversos intentos de búsqueda de recomendaciones y apoyos para ser designado para puestos vacantes. Contamos, por ejemplo, con un par de casos en que aparece el certificado de buena conducta expedido el 25-5-36 por el gobernador de Huesca a favor de Francisco Aced, subchantre mayor de la catedral de Barbastro y otro a favor de Antonio Aguirre, secularizado y vicario del Hospital de Barbastro. Junto a los certificados aparecen las cartas de 18 de junio dirigidas por cada uno de ellos y en términos muy familiares a Ramón Tomey, del comercio de Zaragoza. Aguirre dice que "aquí no hay nada nada, y aún quando hubiese nada habría para los de mi clase" por lo que pide alguna colocación mientras pueda preparar oposiciones. Aced, por el contrario, es mucho más explícito:

"Ya advertí a Vd. antes de su partida que si pudiera ser mi colocación en esa, o en algún pueblo inmediato, o en tierra que abunden los Nacionales, sería menos expuesto. Para esto intereso a Ud. sobremanera para que se informe si pudiera ser en Torrero mi colocación que entiendo que habrá algún exclaustrado en clase de Regente, y en este caso se le podría remover para otra parte, que estos no están tan comprometidos, y ver si se puede alcanzar para mí. Me parece no le será a Ud. difícil el conseguirlo, porque creo que su provisión pertenece al Ilmo. Ayuntamiento de esa ciudad. Y si por algún incidente no puede ser así, podrá Ud. ver si hay alguna ración, Beneficio en esa o algún curato que pertenezca su presentación a algún Sr. que de éstos hay muchos en la Rivera del Xalón y otros puntos de buen espíritu" [43]

El hecho de que las cartas personales dirigidas a Ramón Tomey aparezcan en el Archivo diocesano expresan claramente en que consistió su gestión: entregarlo todo en el gobierno eclesiástico. Y con respecto a las autoridades políticas no cabe sino decir lo mismo. Fue una norma constante no intervenir directamente ni interferir en la provisión de vacantes.

El ejemplo más aparente en este sentido viene dado por el caso de los exclaustrados Felipe Bermejo y Agustín Crespo. Con fecha 16-5-36 ambos dirigen un escrito al Gobernador civil en el que tras expresar sus méritos solicitan un puesto que hasta el presente se les ha denegado. El primero había predicado y exhortado a la obediencia en los púlpitos de Teruel y en Pedrola y el segundo se había alistado y era capitán de caballería de la milicia, ambos habían "padecido en sus respectivas comunidades mil ultrajes y persecuciones de sus individuos enemigos de las luces y de nuestra idolatrada Reina" y se veían precisados a vivir en la capital dado su grado de comprometimiento...

"Sin embargo de todo lo dicho, y de estar mandado por su Magestad Isabel Segunda en diferentes decretos que sean colocados en las piezas eclesiásticas, con preferencia a los no comprometidos, después de haber recurrido diferentes vezes a la autoridad eclesiástica, sin que hasta de aquí haya resultado el colocarnos; hemos tenido a bien de recurrir a la bondad de V.S. ya porque así nos lo a aconsejado nuestra autoridad eclesiástica ya porque nuestra situación es la más crítica, por hallarnos sin subsistencia, y finalmente en que el acreditado patriotismo de V.E. no podrá permitir que muchas piezas eclesiásticas de esta capital, sean ocupadas por ministros indignos, en perjuicio de los buenos que no dudan hallar en V.E. la protección que esperan y consecución del objeto que se proponen"

Pues bien, la reacción del Jefe político es traspasar el escrito al día siguiente al Gobernador Eclesiástico "para los efectos que estime" y lo sucedido exactamente no lo sabemos pero sí hay constancia de la nota que el primero remite al segundo el día 21-5-36 diciéndole que espera que con su "notoria prudencia y generosidad perdonará la inconsideración de este individuo a quien su juventud hizo saltar por un momento la línea que le prescriben su profesión y su carácter". La nota acompañaba a un escrito, que se remitía, en el que Bermejo se excusaba ante el jefe político de su falta y solicitaba el perdón en los siguientes términos:

"Conociendo haber procedido de ligereza, y sin razón, acerca de la petición que se acía a V.S. diciendo que las piezas eclesiásticas debían ser ocupadas por ministros abiertamente decididos por el Gobierno, y por consiguiente pedirle colocación en esta ciudad, no pudiendo ser por ahora; en primer lugar, por no estar en las atribuciones del benemérito Sr.Gov.D. Manuel Larrica, el remover, ni quitar a alguno si no hubiera dado causa para ello, y en segundo por no mandarlo Su Magestad la Reina Gobernadora:

He tenido a bien retractarme de lo dicho, por haber procedido de ligereza sin razón, y sin veracidad, porque siempre que he recurrido al Muy Ilustre Govr. Eclesiástico, me ha llenado de consuelo, y esperanza, debiendo dar mil gracias de tener un prelado tan afable, tan sabio, y digno de mandar, que sólo cuida de acomodar a los que que se han decidido, y han obedecido a nuestra idolatrada Reina Isabel Segunda no desmereciéndolo su conducta moral, por tanto deseo con el mayor desvelo, el desagraviarle, procurando en adelante obrar con más madurez, prudencia, razón, y conciencia deseando llegue a su noticia un modo de obrar tan justo i debido".

Otro ejemplo de lucha por un puesto viene dado por la queja de 7-7-36 del Gobernador civil, D.Evaristo San Miguel, al eclesiástico para que este intervenga pues el exclaustrado Antonio Gotor, regente de Mallén, ha impedido la toma de posesión del cura rehabilitado los días 30 de junio y 1 de julio comportándose "de un modo indecoroso a un ciudadano y criminal a un eclesiástico promoviendo disturbios para que el cura párroco vuelto al seno de su grey por disposición mía no ejerciera su jurisdicción pastoral".

Las intervenciones del Gobernador civil se limitan en todo momento a tramitar solicitudes como la del párroco de Villafeliche (23-5-38) que pide que no separen de la sacristía a Antonio Romea, corista exclaustrado, dado que ha solicitado el puesto Ignacio Ibáñez "de igual religión". De Romea se dice que "fue movilizado y ahora se halla con las armas en la mano como uno de los nacionales voluntarios en esta villa".

Y una vez acabada la guerra el 1-2-41 la autoridad civil remite a la eclesiástica un escrito en el que se congratula de que se haya separado al cura párroco de Foz de Calanda, pero a la vez expresa su extrañeza de que se haya nombrado para sustituirle, removiéndole de su parroquia en Calanda, a Antonio Abarca "querido del pueblo y por sus cualidades políticas y morales, uno de los pocos que hay adictos al gobierno..."

Y casos como éste podrían servir, a su vez, como testimonio de que el gobernador Larrica colaboró ciertamente con el gobierno liberal, pero que como ya dijimos anteriormente, tampoco cabe acusarle de exceso de celo en ese sentido.

g) El problema de las "incompatibilidades".

Otro asunto que debió contribuir considerablemente a enrarecer las relaciones entre la autoridad civil y destacadas figuras del clero fue la puesta en práctica de las R.O. de 1-6-37 y 20-11-37. En ellas se establecía que los eclesiásticos con dos rentas eclesiales o bien empleados en establecimientos literarios y de beneficencia (dependientes del ministerio de la Gobernación) y que disfrutasen de dos rentas tenían necesariamente que renunciar a una de ellas. [44]

Como consecuencia de la R.O. de junio el 27-9-37 se piden informes sobre la conducta política de Javier Grasa, Beneficiado de Santa Cruz de Zaragoza y que a pesar de la prohibición está disfrutando de otra capellanía en Mediana. El 9-10-37 será el Alcalde de Séstrica el que denuncie a Vicente Saldaña, párroco de Osera, por pretender hacerse cargo a la vez de una capellanía en Séstrica.

Las incompatibilidades de los "funcionarios" en el ámbito civil de la enseñanza y la beneficencia, tenían que afectar en mayor medida, lógicamente, a los residentes en la capital provincial. Veamos la relación completa de estos afectados preparada por el Jefe Político el 18-1-38:

1.- Universidad Literaria.

- Dr.D.Miguel Laborda y Galindo. Catedrático de Cánones y Beneficiado de San Gil, opta por la renta del beneficio, reservándose el desempeño honorífico de la Cátedra.

- Dr.D.Rafael Herranz. Catedrático de Cánones y Beneficiado de la iglesia de la Magdalena. Opta por la renta del beneficio.

- Dr.D.Felipe Caviedes. Catedrático de Cánones y Racionero en el templo del Pilar, cuya renta prefiere.

- Dr.D.Mariano Villaba. Catedrático jubilado de Leyes, manifiesta que es poseedor de una capellanía laical o fideicomiso que nada tiene de eclesiástico "y por ello no se considera comprendido en el caso de obtar".

- Dr.D.Miguel Juanton. Catedrático de Cánones, posee una capellanía que le sirve de título de ordenes y disfruta con el nombre de beneficio en la parroquia de San Miguel de los Navarros. Opta por el sueldo de la Cátedra.

- Dr.D.Pedro Navarro. Catedrático de Matemáticas sublimes y Lector de Humanidades en el templo del Salvador. Opta por la renta del Magisterio de la Catedral.

- Dr.D.Cristobal Marz. Catedrático de Teología y Beneficiado de la iglesia del Portillo. Opta por el beneficio.

- Dr.D.Juan Pablo Campa.Catedrático de Teología y Penitenciario de San Felipe. Opta por la renta eclesiástica.

- Dr.D.Escolástico Rantías. Catedrático de Cánones y beneficiado de San Felipe. Opta por el beneficio.

- Los Dres.D.Faustino Garroberena y D.José Aguado, catedráticos de Teología están comprendidos en la clase de los exclaustrados.

2.- Seminario Sacerdotal de S.Carlos Borromeo.

- D.Mariano Vallier manifiesta que no siendo perpetua su Directoría, cree no estar en el caso de elegir, porque solo posee un beneficio; habiendo ya preferido en comunicación anterior a la R.O. de 20-11-37 la renta de Director a la del beneficio que disfruta en el pueblo de Fortanete.

3.- Seminario Conciliar de S.Valero y S.Braulio.

El Vicerrector del mismo, D.Mariano La Rosa manifiesta que ninguno de los empleados se halla en el caso de optar puesto que no disfrutan dos rentas, "pues la que les corresponde como catedráticos no la perciben hace año y medio".

Sin embargo, el Jefe político, indica a continuación que "por comunicación anterior del mismo resulta que éste [Larrosa], con D.Nicolás Ballestero, D.Pascual Rabadán y el Director D.Manuel Martinez obtienen beneficio eclesiástico en esta ciudad"

4.- Academia de San Luis y la Sociedad Aragonesa.

Entre sus directores y empleados no se halla ningún eclesiástico que disfrute a la vez de dos rentas.

5.-- Hospital General de Nuestra Señora de Gracia.

- D.Mariano Gimenez. Mayordomo y Beneficiado de Orihuela del Tremedal prefiere la renta de su empleo.

- D.Bruno Mairal y D.Clemente Izquierdo. Ambos Pasioneros y exclaustrados con derecho a pensión, optan por la renta del empleo.

- D.Pedro Pallarés. Pasionero y Beneficiado de Mazaleón opta por el empleo.

- D.Vicente Blasco, comprendido en la relación remitida anteriormente, ha fallecido

"Estos empleados hacen la cesión de sus rentas mientras permanezcan en el Hospital desempeñando los destinos que obtienen en el día, respecto a ser plazas amovibles durante la voluntad de la junta Municipal de beneficencia".

6.- Casa de Misericordia.

- D.Mariano Sola, Vicario, y Antonio Mata, Vehedor, de la expresada casa no consta que tengan dos rentas.

*** notas

38.- Por ejemplo, LAFUENTE en el cap.CXX de su "Historia de Calatayud", , menciona varios casos de clérigos implicados de diversa manera. El más notable, probablemente se dio en 1834, cuando 22 jóvenes de Calatayud intentaron unirse a la facción en Navarra pero fueron hechos prisioneros en Soria a excepción de un diácono de Bubierca que lideraba el grupo (Esteban Martínez) y otro clérigo de Calatayud que le acompañaba (Gerónimo Perales). Se indultó a todos con excepción de Martínez, que hecho prisionero más tarde fue fusilado.

39.- Dr.D.Mariano Larrosa, presbítero y beneficiado de la iglesia de San Pablo de Zaragoza y vicerrector del Seminario de San Braulio y San Valero de Zaragoza. Actuó como rector del seminario abierto en Castellote por el obispo carlista de Orihuela y fue Vicario General y Gobernador eclesiástico por nombramiento del Arzobispo D.Bernardo Francés en la zona carlista.

40.- En una de las circulares mencionadas, de fecha 8-2-39, en su art.3º se prohibía decir misa a los sacerdotes que sólo contaran con la habilitación del Gobernador eclesiástico de Zaragoza.

41.- En CABELLO, o.c., se reproduce parte de la "relación de atrocidades de Cabrera y padecimientos de los prisioneros de Beceite que nos han remitido los vecinos de aquella villa en el año pasado 1844" (p.312-17), referidos al cruel trato y mortandad de que fueron objeto a partir de noviembre de 1837 los 1.200 prisioneros de la acción de Herrera (sólo sobrevivirían unos 200) y que fueron instalados en la casa y propiedades de D.Ignacio Micolau, sin lugar a dudas emparentado con éste.

42.- ASIN (1983) pag.78 y nota 120 en p.108.

43.- No le faltaba razón pues en fecha 10-12-37 el alcalde de Morata solicita que se provea al pueblo de dos eclesiásticos, removiendo a los confinados o si se confinara a otros en el futuro.

44.- No se piense, sin embargo, que los eclesiásticos fueron los únicos afectados por medidas de este tipo. Una R.O. de 27-1-37 había declarado la incompatibilidad entre un empleo público y otro municipal. Y una circular dictada por Ramón de Santillán cuando se hallaba al frente de la Dirección de Aduanas prohibió igualmente, el 31-10-37, que los carabineros se dedicaran al comercio o tuvieran agencias, poderes o comisiones de particulares.